Durante
el curso de verano ‘Educación para la Ciudadanía’, organizado por la
Universidad CEU San Pablo y la Fundación García Morente, el
representante del MEC expuso cuatro puntos importantes sin los que, a
su juicio, no se puede entender el desarrollo de la asignatura que se
va a implantar de manera obligatoria para todos los alumnos y todos los
centros. Estos puntos son: : justificación de la existencia de esta
asignatura, concepción y enfoque de la materia, contenidos y
controversia.
En su exposición, Tiana justificó la existencia de
esta materia partiendo de un documento del 2004 sobre el proceso de
debate de la Ley Orgánica de Educación (LOE). En este “libro verde”,
tal y como lo denominó, se explicaban los motivos para introducir la
nueva materia “de una manera global a través de un sistema transversal”.
Como
consecuencia de este conjunto de recomendaciones un elevado número de
países han introducido en sus sistemas educativos la asignatura de EpC,
que en algunos países es propia, en otros aparece integradas en otras
áreas y países que la tratan de forma transversal como ocurría hasta
ahora en España.
Sin mencionar explícitamente la carencia de
moralidad, dijo que la creciente “complejidad y pluralidad” que existe
en la actualidad en la sociedad española origina que cada uno tenga una
escala de valores diferente. “El ciudadano –se atrevió a afirmar-
tiende a basar sus decisiones en elementos individuales”, aunque, tal y
como manifestó, con la asignatura no se pretende imponer las teorías de
relativismo moral ni ideología de género sino un “pluralismo moral”.
Educación en valores, tarea compartida
Para
Tiana, la inmigración, que ha introducido costumbres diferentes, junto
a las dificultades que presenta la transversalidad y a las
recomendaciones europeas, hacen, a su juicio, “justificable y
necesaria” la asignatura. “La educación, por tanto, -aseguró- tanto del
sistema educativo como del seno de las familias, debe responder a
nuevas circunstancias. Hay que tener en cuenta además, que la educación
en valores, la formación ética y moral es una tarea compartida”, ha
añadido el secretario general del Ministerio de Educación.
Respecto
a la concepción y enfoque de la nueva asignatura, se mostró a favor de
que la escuela sea partícipe de la educación moral de los alumnos
porque si no fuera así, “los alumnos menos capacidades de desarrollar
su formación moral”. De hecho, los centros son subsidiarios de la
educación que los padres eligen, amparándose en el artículo 27.3 de la
Constitución española. Y quiso matizar que “Enseñar no significa
indoctrinar por parte del profesor, ni aprender de memoria por parte
del alumno, sino disfrutar e incorporarlos a la vida corriente”.
Tiana
sí reconoció que “la educación en valores no puede entenderse al margen
de la familia”, primera responsable en la educación, pero defendió
durante toda su conferencia que la educación en valores, moral y ética
debe ser “una tarea compartida”, no exclusiva de los padres que escogen
la formación religiosa y moral para sus hijos de acuerdo con sus
propias convicciones. “La formación moral se realiza en distintos
ámbitos”, sentenció.
En este sentido, comentó que la escuela
tiene un papel en la construcción de los valores de los jóvenes y que
es una responsabilidad compartida con la televisión, los medios de
comunicación o Internet así como grupos de iguales, “que a veces
escapan a la familia y al sistema educativo”.
Contenidos “consensuados”
Uno
de los puntos más llamativos de su exposición fue el desarrollo de los
contenidos de la asignatura, que, a juicio del MEC, “son el resultado
de un proceso de diálogo con todas las organizaciones que expresaron el
interés de participar en ese proceso, tomando como punto de partida el
documento de 2004”.
Centrándose en los contenidos del documento
final –que no contó con el apoyo unánime del Consejo Escolar de Estado
ni con el aval del Consejo de Estado- el responsable de Educación
explicó que diferencian cuatro grandes grupos: el individuo consigo
mismo, la convivencia y las relaciones con el entorno, la vida en una
sociedad democrática y, la ciudadanía en un mundo global, sin entrar en
los contenidos que verdaderamente preocupan a los miles de padres
objetores de la materia que no quieren que sus hijos estudien de manera
obligatoria una moral que no es acorde a sus principios.
Tiana
lamentó la controversia suscitada alrededor de la asignatura -siempre
según él- de manera injustificada y señaló que está basada en
“equívocos y falsedades con contenidos que no tiene y cosas que no
dice”. “Se dice –afirmó- que la materia habla de eutanasia, aborto,
terrorismo; ni están en los contenidos ni han estado en ningún borrador
de los contenidos. Se afirma que la materia impone el relativismo moral
y yo creo que lo que pasa es que se confunde relativismo moral con
pluralismo moral. Lo que se dice en EpC es que hay que respetar la
pluralidad legítima”.
Alejandro Tiana, que negó lo que para
muchos es la imposición de una ideología de género, recordó que “la
formación ética y moral es una tarea compartida, que no corresponde en
exclusiva a nadie. El Estado no puede imponer unos determinados
criterios morales, pero no por ello debe abstenerse de presentar los
valores constitucionales o formulados en las grandes declaraciones que
España ha asumido como país”.
Al abordar el polémico asunto de
la orientación sexual, Tiana subrayó que “atribuir al Gobierno la
intención de promover la homosexualidad es un disparate”.
Una asignatura “justa” y “legítima”
Tiana
se manifestó también sobre la objeción de conciencia plantea
interrogantes jurídicos, y que existe confusión entre lo que es
objeción de conciencia y lo que es desobediencia civil. “Desde el punto
de vista educativo –sostuvo- la objeción de conciencia es una vía con
mucho riesgo porque introduce tensión en la comunidad educativa”.
“Hemos dialogado, y lo seguiremos haciendo, pero aplicaremos la ley. Tengo la misión de cumplir las leyes”, declaró Tiana.
Finalmente,
consideró un “disparate” atribuir al Gobierno la intención de promover
la homosexualidad y defendió que lo único que dice el Ministerio es
enseñar a los jóvenes a que no discriminen por ese motivo. “Es justo y
legítimo y entra dentro de los valores constitucionales –declaró- y no
cursarla supone contradecir la ley”. A su juicio, los promotores de la
objeción de conciencia contra la materia hablan de “sospechas y
riesgos, no de realidades”, argumentando que “no son más que fantasmas”.
Contrapunto

Una batalla importante por la libertad
Una
de las muletillas más utilizadas por el Gobierno, cuando se encuentra
con alguna resistencia social frente a sus iniciativas legislativas, es
la de que “las leyes están para cumplirlas”. Pues bien, eso mismo fue
lo que ayer le recomendó al propio Gobierno el director del Servicio
Jurídico Civil de la Conferencia Episcopal, Silverio Nieto, en el curso
de verano organizado por la Universidad San Pablo-CEU y la Fundación
García Morente para analizar la asignatura de “Educación para la
Ciudadanía”. Si las leyes están para cumplirlas, es evidente que la
primera de las leyes de obligado cumplimiento es la Constitución, de la
que emanan todas las demás. Y resulta que la reforma educativa, que
incorpora la polémica asignatura obligatoria, se opone en parte de sus
contenidos al artículo 27,3 de la Constitución, que garantiza el
derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación conforme a
sus convicciones morales.Es posible que todo el litigio provocado por
el empeño del Gobierno en adoctrinar a los menores de edad, termine
tarde o temprano en el Tribunal Constitucional. Pero lo que ya se ha
planteado, con toda su grandeza democrática, es la decidida voluntad de
miles de padres de rechazar una imposición que atenta contra las
propias libertades públicas, empezando por la libertad de conciencia y
de enseñanza. Y por confusas que sean todavía las informaciones en
torno a la polémica asignatura, es evidente que nos encontramos ante
una apasionante batalla emprendida por una minoría de ciudadanos frente
a la opresión de un poder de tendencia totalitarias que ignora la
primera de sus obligaciones democráticas: cumplir la Constitución en su
letra y espíritu, sin desvíos ideológicos.

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